Primera Parte

Con Motivo De La Pedagogía Del Proceso

De Paz Y Los Acuerdos De La Habana*

Por Guillermo Ricaurte Fayad

1.- Saludo.
2.-Agradecimientos por la invitación.
3.- La importancia de la Juventud en el Proceso de Paz, que si ciertamente es una Elección Cívica, no es menos cierto que tiene su base ideológica dentro de una concepción progresista y liberal del Estado. 

“Colombia es un país con una geografía e historia únicas que ha producido una rica diversidad cultural. Cada región del país tiene sus propias normas culturales y sociales específicas. Teniendo esto presente, las actuales conversaciones de paz entre el Gobierno de Colombia y las guerrillas de izquierda FARC destacan la importancia de consolidar la paz a nivel local. Aunque es ya seguro que se firme un acuerdo de paz próximamente, es evidente que una paz duradera debe consolidarse desde la base. 

La verdad es que, por mucho tiempo, los jóvenes de todas las regiones de Colombia han creado sus propios procesos, proyectos e iniciativas dirigidos a consolidar la paz y promover sus derechos y participación en los procesos de toma de decisiones que afectan sus vidas. Esto incluye la Plataforma de Jóvenes por la Paz en el Meta, la alianza de jóvenes constructores de paz en Antioquia y la Escuela para el Liderazgo de Jóvenes en Nariño (ambas apoyadas por el proyecto del PNUD Alianzas Territoriales para la Paz y el Desarrollo). 

En los últimos diez años, el PNUD Colombiana en manos de la Asesora de Participación y Cultura de Paz Karin Andersson, ha estado apoyando la consolidación de la paz a nivel local en las áreas más afectadas por el conflicto del país, teniendo a los jóvenes como socio y actor crucial en esos esfuerzos. Ahora, en medio de las actuales negociaciones de paz, el PNUD ha respaldado las acciones de más de 10.000 estudiantes universitarios de todo el país para participar en conversaciones directas con la oficina del Gobierno colombiano a cargo de las discusiones de paz. 

En ciertos lugares, algunos estudiantes son ahora los que comparten información sobre el proceso de paz con sus compañeros. 

La adopción de la Resolución del Consejo de Seguridad sobre los Jóvenes, la Paz y la Seguridad es extremadamente importante para todos esos jóvenes comprometidos con la consolidación de la paz en sus comunidades. Es un reconocimiento formal de que los jóvenes desempeñan un rol importante y positivo en la promoción de la paz. 

En Colombia, los jóvenes tienen un papel esencial en la implementación de la nueva Agenda 2030 y, dado este histórico momento en que el país puede finalmente ver el fin del conflicto armado, los jóvenes colombianos desempeñan un papel único para alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible, que apunta a promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas y es una oportunidad para que los jóvenes colombianos se apoyen en su papel especial de motores del cambio, pensadores fundamentales, innovadores y líderes”. 

4.- Historia de la Tenencia de la Tierra  

La Política de Tierras y la Normatividad que en torno a la tierra y su tenencia se ha implementado en Colombia, se centra en el desarrollo normativo ocurrido en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, entre ellos la Ley 975 de 2005 y la nueva ley de víctimas y su capítulo de restitución de tierras, Norma esta inspirada en los Principios Liberales que fue presentada al Congreso por la bancada del partido en cabeza del entonces Senador, hoy Ministro, Juan Fernando Cristo, considerando el debate generado respecto al supuesto carácter progresivo que estas medidas han tenido en términos de restauración de la tierra, pero también considerando los vacíos, inconsistencias y desafíos que dicha política ha creado. 

El actual panorama de la tierra en Colombia muestra que incluso antes de la crisis de desplazamiento masivo de los últimos 40 años, la propiedad de la tierra estaba altamente concentrada y Colombia está en la urgente necesidad de una reforma agraria, porque el 95% de las tierras está en un 5% de la poblacion. 

 La expropiación por parte de grupos armados ilegales condujo de hecho a una “contra-reforma agraria”, incrementando en gran medida la concentración de la tierra.   

Sostengo con la suficiente claridad meridiana que hay que volver al Código Agrario dando una Legislación mucho más dura y para ello el Gobierno del Presidente Santos viene desde el año pasado adaptando al Ministerio de Agricultura, al nuevo Estado Colombiano.   

A lo largo del conflicto, ambos grupos, guerrilleros y paramilitares, se han apoderado de tierras para consolidar ventajas estratégicas, por ejemplo, los corredores de exportación de drogas o de importación de armas, para establecer cultivos de drogas o para establecer zonas de influencia política. Las alianzas de los paramilitares y los empresarios también han permitido utilizar las tierras ilegalmente apropiadas para el desarrollo de megaproyectos, minería extensiva, agroindustria, incluyendo la palma africana, a menudo recibiendo apoyo del gobierno para estos proyectos a través de las políticas, programas y leyes promulgadas en los últimos años.  

La cuestión Agraria en Colombia ha estado marcada históricamente por el problema de acceso a la propiedad por parte de pequeños y medianos productores, o por quienes no disponen de este activo productivo.  

También ha sido notoria la debilidad de los derechos de propiedad y la incapacidad del Estado para garantizarlos. La lucha por acceder a la tierra en el sector rural ha dado lugar a innumerables conflictos, tanto entre propietarios, campesinos y colonos, como entre éstos y el Estado, la sociedad rural y la urbana. Estos conflictos se iniciaron durante la colonia, se exacerbaron en los años veinte y treinta del siglo XX, y aun se reconocen en la sociedad actual.  

Históricamente la tierra ha sido el principal bien generador de riqueza en el sector rural, así como un bien vinculado al prestigio social y el poder político de las elites o de los poseedores de grandes extensiones de tierra.  

El modelo fundamentado en la gran propiedad y los procesos de apropiación de la tierra por terratenientes, comerciantes, militares y políticos durante la colonia y la era republicana crearon una estructura agraria bimodal, desigual, conflictiva, concentrada y polarizada, que no ha ayudado a generar condiciones de desarrollo.  

Las formas institucionales que adoptó la Corona española en América para otorgar propiedades están marcadas por el criterio de que España asume una organización señorial de sus colonias.  

A partir de esa época empezó prácticamente el proceso de descomposición de los resguardos, al modificarse la política paternalista hacia los indígenas. Se redistribuyeron sus tierras de acuerdo con la población real y se remataron tierras. El despojo se inició cuando se concentraron varios resguardos en uno solo, generalmente distantes de los centros poblados y en tierras de menor calidad.  

El repartimiento era, pues, una expectativa de dominio si se cumplía la condición de la explotación. En un principio las adjudicaciones abarcaban grandes extensiones, porque la tierra era abundante y se repartían por lo general varias “peonías” y “caballerías”.  

La encomienda fue la forma típica de control de la población durante la colonia y tuvo un carácter muy feudal al principio, cuando los encomenderos le agregaron el servicio personal; se encomendaba a los indios, no a la tierra. 

Luego de las reformas borbónicas la encomienda incorporó la tierra. Cuando el encomendero entendió la importancia de la tierra y de la fuerza de trabajo indígena, empezó a profundizar su usufructo. Muchos encomenderos se convirtieron en enemigos de funcionarios de la Corona, de criollos y de la Corona misma; en parte ello explica la desaparición y la crisis de esta institución. 

Los dos momentos importantes de establecimiento de mitas laborales en el Nuevo Reino fueron los años 1593 y 1636. En este periodo se enmarca la primera fase de expansión de las haciendas que, como se sabe, se ubicaban cerca de las comunidades indias por la disponibilidad de mano de obra (mita agraria). La mita coexistió con la forma de servicios personales que rigió bajo la Encomienda, durante la repartición de indios y la segregación de pueblos. 

Otra importante institución colonial fue el resguardo, constituido por porciones de terrenos adjudicados colectivamente a los indígenas. La propiedad de la tierra era colectiva, pero su explotación no necesariamente adoptaba esa forma; en muchos casos la tierra se cultivaba individualmente o en parcelas familiares, en una especie de usufructo del beneficiario sobre una porción de la comunidad. 

El primer proceso de apropiación de la tierra en Colombia duró casi dos siglos, pues empezando el siglo XIX no estaban definidos claramente los títulos de propiedad sobre la tierra después de las concesiones realengas y las capitulaciones otorgadas en el periodo colonial. 

La política de tierras en el periodo 1820-1850 se fundamentó en dos grandes procesos: la venta y concesión de baldíos y el fomento de la inmigración extranjera a través de la oferta de tierras a quienes decidieran establecerse en el país y explotar sus recursos. 

Disuelta la Gran Colombia, a partir de 1832 empezó la República a convertir en realidad el criterio de colonización mediante dos instrumentos: el arriendo de tierras y la concesión de privilegios. 

El intento por traer inmigrantes a colonizar tierras, utilizando para ello los baldíos, fue una política propuesta desde las dos primeras décadas del siglo XIX y perduró hasta comienzos del siglo XX. Esta política, sin embargo, no dio los resultados esperados, pues eran muchas las dificultades para que los extranjeros se animaran a venir. 

En la independencia, muchos españoles tuvieron que huir y perdieron sus tierras por expropiación. Los beneficiados de esta situación fueron indudablemente antiguos terratenientes, militares republicanos, que recibieron tierras en pago por sus servicios a la causa, y comerciantes, terratenientes y militares que acapararon tierras a través de bonos de la deuda pública. 

En las tres primeras décadas del siglo XX la legislación sobre la propiedad rural mantuvo una continuidad con las normas expedidas durante el siglo anterior, presentándose algunas modificaciones que no variaron la esencia de la política. Con la instauración de la República Liberal en los años treinta se cerró un ciclo de políticas de asignación de baldíos y el Estado debió enfrentar los innumerables conflictos que se venían gestando desde el siglo XIX por una política que favorecía una estructura agraria alrededor del latifundio. 

En este periodo se destacan varias normas sobre baldíos y el uso de los bosques nacionales. 

Varias normas de la segunda década del siglo salieron en defensa de los colonos, ratificando las expedidas a fines del siglo XIX. Ello, sin embargo, no mejoró la situación de estos cultivadores frente al poder y el abuso de empresarios y terratenientes; tampoco ayudó a resolver los conflictos tradicionales sobre el dominio de la propiedad rural. 

Las décadas del veinte y treinta del siglo XX fueron quizás las más convulsionadas en la historia de la primera mitad del siglo, por los diversos procesos que ocurrieron y los cambios que generaron. En particular, el problema agrario se tomó la escena política y se visualizó por primera vez como un problema nacional que merecía la atención del Estado en la medida que constituía un obstáculo al incipiente proceso de industrialización y de ampliación del mercado interno. 

El proyecto de 1933 presumía que toda la tierra era de dominio público y buscaba estimular su uso económico, tomando partido por los colonos en contra de los terratenientes que tenían abandonadas sus propiedades. 

Fue claro que el gobierno de la Revolución en marcha de López Pumarejo trató de solucionar el problema en la Reforma Constitucional de 1936 para poder impulsar el desarrollo económico y social, pero no tuvo la capacidad de abrir caminos a la reforma agraria, dado el gran poder de la clase terrateniente en la estructura del Estado. 

        

     Presidente López Pumarejo

Después de la Ley 200 de 1936, las disputas por tierras disminuyeron en intensidad. La recuperación económica, la intensificación del crecimiento industrial, la mejora de los salarios, el reconocimiento legal de sindicatos y ligas campesinas, la recomposición de fuerzas políticas y el progresivo deterioro del poder del partido liberal por la pausa reformista que impuso el presidente Santos a partir de 1938 fueron factores que influyeron directa e indirectamente en esa baja intensidad de las luchas. 

De esta manera si analizamos el Acuerdo de la Habana en lo que hace referencia a la situación Agraria en donde la oposición como siempre en una forma filibustera, amañadora manifiesta que esta parte es para favorecer a los miembros de la FARC; carece de toda verdad pues si analizamos y estudiamos la Ley 200 del Presidente Liberal López Pumarejo, vemos que gran parte de lo acordado en la Isla Caribeña es lo que se establece en la mencionada Ley e inclusive desde el año pasado el Gobierno Nacional viene implementando unas Reformas Estructurales en el campo Agrario rectorado por el Ministro Aurelio Irragorri Valencia.  

Siguiendo este planteamiento invito a los jóvenes y a toda la comunidad a que lean y estudien el libro de Apolinar Díaz Callejas sobre el campo colombiano que entre otras cosas fue editado por nuestra sesquicentenaria Universidad Santanderista, me refiero a la Universidad de Cartagena. 

En los años cuarenta no solo se apuntaló el proceso de crisis de la República Liberal, también se abrió paso lo que Antonio García denominó la Contrarrevolución Conservadora, iniciada por Mariano Ospina Pérez en 1946. En materia agraria ello significó retroceder en cualquier intento de distribución de la tierra, manteniendo intacta la estructura social que asociaba el poder económico, basado en la propiedad sobre la tierra, y el poder político. 

          

  Mariano Ospina Pérez             

La política agraria durante este periodo se sustentó en tres grandes ejes: una política de fomento; el desarrollo institucional y los avances y retrocesos en la legislación agraria. Fueron característicos del periodo: la parcelación de haciendas, el retroceso de la Ley 200 de 1936, el intento de recuperación del sistema de arrendamiento y aparcerías (Ley 100 de 1944), la colonización y titulación de baldíos. 

La agudización de los conflictos agrarios y los cambios introducidos a la Ley 200 condujeron al gobierno conservador de la segunda mitad de la década de los cuarenta a dar un viraje en las políticas agropecuarias, configurando un modelo de tenencia de la tierra que respondía a las necesidades de mano de obra de los grandes propietarios en el contexto de una creciente violencia. 

El alto grado de concentración de la tierra de los primeros años del periodo de la violencia se mantuvo similar a la de los años anteriores: cerca del 66% de los propietarios tenía el 4% de la superficie explotada agrícolamente, mientras que el 3,5% de los propietarios conservaba el 64% de las superficies mayores de 100 has. 

En los años subsiguientes, el Ministerio empezó a sustraer áreas de las reservas ocupadas por colonos, para evitar conflictos y reconocer derechos adquiridos, disminuyendo gradualmente las reservas forestales y de parques naturales. La Ley 2ª de 1959 puede considerarse como la avanzada sobre la legislación forestal que más adelante administraría el Inderena, fue una buena base para la expedición del Código de Recursos Naturales en los años setenta. 

Continuando con este trabajo de carácter histórico, político y sociológico hay que destacar que a partir de la segunda década del siglo XX y hasta la fecha, la situación se acrecentó mucho más porque no habido una política clara sobre los aspectos sociales y económico del país reafirmandose cada día lo que yo he venido llamando la clase de esclavitudes modernas, como son la poca oportunidad a la salud, a la educación, a la vivienda, al techo, a la tierra y en resumen a una vida digna del verdadero colombiano. 

          

          Pastrana Arango, Ex presidente de Colombia

Existieron gobiernos como lo de los señores Pastrana Arango y Uribe Vélez donde todas las reinvindicaciones sociales, que fue una lucha durante largos años por el Partido Liberal en el Congreso, se fueron quitando, como las horas extras, el salario nocturno y no vayamos muy lejos, sectores como el agrario, fueron totalmente disminuidos y hablar del crecimiento del paramilitarismo, la imagen internacional de Colombia en Derechos Humanos, convirtiéndose todo ello en una contradicción al proceso de paz que se gestaba durante el gobierno de Pastrana, donde adoptó un modelo de negociación en medio de la guerra, pero se avanzo más en la guerra que en las negociaciones y los resultado de los ajustes hechos en el gobierno de Uribe que dejaron al país sumidos en la pobreza, el desempleo, la injusticia social y económica y la falta de derechos a la salud, a la educación y a la vivienda digna. 

*Derrotero de la charla del doctor Guillermo Ricaurte Fayad en la Escuela de Administracion y Finanzas de la Universidad de Cartagena. Martes, 13 de septiembre de 2016