Con Motivo De La Pedagogía Del Proceso
De Paz Y Los Acuerdos De La Habana*
Por Guillermo Ricaurte Fayad
1.- Saludo.
2.-Agradecimientos por la invitación.
3.- La importancia de la Juventud en el Proceso de Paz, que si ciertamente es
una Elección Cívica, no es menos cierto que tiene su base ideológica dentro de
una concepción progresista y liberal del Estado.
“Colombia es un país con una geografía e historia únicas que ha producido una
rica diversidad cultural. Cada región del país tiene sus propias normas culturales
y sociales específicas. Teniendo esto presente, las actuales conversaciones de
paz entre el Gobierno de Colombia y las guerrillas de izquierda FARC destacan
la importancia de consolidar la paz a nivel local. Aunque es ya seguro que se
firme un acuerdo de paz próximamente, es evidente que una paz duradera debe
consolidarse desde la base.
La verdad es que, por mucho tiempo, los jóvenes de todas las regiones de
Colombia han creado sus propios procesos, proyectos e iniciativas dirigidos a
consolidar la paz y promover sus derechos y participación en los procesos de
toma de decisiones que afectan sus vidas. Esto incluye la Plataforma de Jóvenes
por la Paz en el Meta, la alianza de jóvenes constructores de paz en Antioquia
y la Escuela para el Liderazgo de Jóvenes en Nariño (ambas apoyadas por el
proyecto del PNUD Alianzas Territoriales para la Paz y el Desarrollo).
En los últimos diez años, el PNUD Colombiana en manos de la Asesora de
Participación y Cultura de Paz Karin Andersson, ha estado apoyando la
consolidación de la paz a nivel local en las áreas más afectadas por el
conflicto del país, teniendo a los jóvenes como socio y actor crucial en esos
esfuerzos. Ahora, en medio de las actuales negociaciones de paz, el PNUD ha
respaldado las acciones de más de 10.000 estudiantes universitarios de todo el
país para participar en conversaciones directas con la oficina del Gobierno
colombiano a cargo de las discusiones de paz.
En ciertos lugares, algunos estudiantes son ahora los que comparten información
sobre el proceso de paz con sus compañeros.
La adopción de la Resolución del Consejo de Seguridad sobre los Jóvenes, la Paz
y la Seguridad es extremadamente importante para todos esos jóvenes
comprometidos con la consolidación de la paz en sus comunidades. Es un
reconocimiento formal de que los jóvenes desempeñan un rol importante y
positivo en la promoción de la paz.
En Colombia, los jóvenes tienen un papel esencial en
la implementación de la nueva Agenda 2030 y, dado este histórico momento en que
el país puede finalmente ver el fin del conflicto armado, los jóvenes
colombianos desempeñan un papel único para alcanzar el Objetivo de Desarrollo
Sostenible, que apunta a promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas y
es una oportunidad para que los jóvenes colombianos se apoyen en su papel
especial de motores del cambio, pensadores fundamentales, innovadores y
líderes”.
4.- Historia de la Tenencia de la Tierra
La Política de Tierras y la Normatividad que en torno a la tierra y su tenencia
se ha implementado en Colombia, se centra en el desarrollo normativo ocurrido
en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, entre ellos la Ley 975 de 2005 y la nueva
ley de víctimas y su capítulo de restitución de tierras, Norma esta inspirada
en los Principios Liberales que fue presentada al Congreso por la bancada del
partido en cabeza del entonces Senador, hoy Ministro, Juan Fernando Cristo,
considerando el debate generado respecto al supuesto carácter progresivo que
estas medidas han tenido en términos de restauración de la tierra, pero también
considerando los vacíos, inconsistencias y desafíos que dicha política ha
creado.
El actual panorama de la tierra en Colombia muestra
que incluso antes de la crisis de desplazamiento masivo de los últimos 40 años,
la propiedad de la tierra estaba altamente concentrada y Colombia está en la
urgente necesidad de una reforma agraria, porque el 95% de las tierras está en
un 5% de la poblacion.
La expropiación por parte de grupos armados ilegales
condujo de hecho a una “contra-reforma agraria”, incrementando en gran medida
la concentración de la tierra.
Sostengo con la suficiente claridad meridiana que hay que volver al Código
Agrario dando una Legislación mucho más dura y para ello el Gobierno del
Presidente Santos viene desde el año pasado adaptando al Ministerio de
Agricultura, al nuevo Estado Colombiano.
A lo largo del conflicto, ambos grupos, guerrilleros y paramilitares, se han
apoderado de tierras para consolidar ventajas estratégicas, por ejemplo, los
corredores de exportación de drogas o de importación de armas, para establecer
cultivos de drogas o para establecer zonas de influencia política. Las alianzas
de los paramilitares y los empresarios también han permitido utilizar las
tierras ilegalmente apropiadas para el desarrollo de megaproyectos, minería
extensiva, agroindustria, incluyendo la palma africana, a menudo recibiendo
apoyo del gobierno para estos proyectos a través de las políticas, programas y
leyes promulgadas en los últimos años.
La cuestión Agraria en Colombia ha estado marcada históricamente por el
problema de acceso a la propiedad por parte de pequeños y medianos productores,
o por quienes no disponen de este activo productivo.
También ha sido notoria la debilidad de los derechos
de propiedad y la incapacidad del Estado para garantizarlos. La lucha por
acceder a la tierra en el sector rural ha dado lugar a innumerables conflictos,
tanto entre propietarios, campesinos y colonos, como entre éstos y el Estado,
la sociedad rural y la urbana. Estos conflictos se iniciaron durante la
colonia, se exacerbaron en los años veinte y treinta del siglo XX, y aun se
reconocen en la sociedad actual.
Históricamente la tierra ha sido el principal bien generador de riqueza en el
sector rural, así como un bien vinculado al prestigio social y el poder
político de las elites o de los poseedores de grandes extensiones de tierra.
El modelo fundamentado en la gran propiedad y los procesos de apropiación de la
tierra por terratenientes, comerciantes, militares y políticos durante la colonia
y la era republicana crearon una estructura agraria bimodal, desigual,
conflictiva, concentrada y polarizada, que no ha ayudado a generar condiciones
de desarrollo.
Las formas institucionales que adoptó la Corona española en América para
otorgar propiedades están marcadas por el criterio de que España asume una
organización señorial de sus colonias.
A partir de esa época empezó prácticamente el proceso de descomposición de los
resguardos, al modificarse la política paternalista hacia los indígenas. Se
redistribuyeron sus tierras de acuerdo con la población real y se remataron
tierras. El despojo se inició cuando se concentraron varios resguardos en uno
solo, generalmente distantes de los centros poblados y en tierras de menor
calidad.
El repartimiento era, pues, una expectativa de dominio si se cumplía la
condición de la explotación. En un principio las adjudicaciones abarcaban
grandes extensiones, porque la tierra era abundante y se repartían por lo
general varias “peonías” y “caballerías”.
La encomienda fue la forma típica de control de la población durante la colonia
y tuvo un carácter muy feudal al principio, cuando los encomenderos le
agregaron el servicio personal; se encomendaba a los indios, no a la tierra.
Luego de las reformas borbónicas la encomienda
incorporó la tierra. Cuando el encomendero entendió la importancia de la tierra
y de la fuerza de trabajo indígena, empezó a profundizar su usufructo. Muchos
encomenderos se convirtieron en enemigos de funcionarios de la Corona, de
criollos y de la Corona misma; en parte ello explica la desaparición y la
crisis de esta institución.
Los dos momentos importantes de establecimiento de mitas laborales en el Nuevo
Reino fueron los años 1593 y 1636. En este periodo se enmarca la primera fase
de expansión de las haciendas que, como se sabe, se ubicaban cerca de las
comunidades indias por la disponibilidad de mano de obra (mita agraria). La
mita coexistió con la forma de servicios personales que rigió bajo la
Encomienda, durante la repartición de indios y la segregación de pueblos.
Otra importante institución colonial fue el resguardo, constituido por
porciones de terrenos adjudicados colectivamente a los indígenas. La propiedad
de la tierra era colectiva, pero su explotación no necesariamente adoptaba esa
forma; en muchos casos la tierra se cultivaba individualmente o en parcelas
familiares, en una especie de usufructo del beneficiario sobre una porción de
la comunidad.
El primer proceso de apropiación de la tierra en Colombia duró casi dos siglos,
pues empezando el siglo XIX no estaban definidos claramente los títulos de
propiedad sobre la tierra después de las concesiones realengas y las
capitulaciones otorgadas en el periodo colonial.
La política de tierras en el periodo 1820-1850 se fundamentó en dos grandes
procesos: la venta y concesión de baldíos y el fomento de la inmigración
extranjera a través de la oferta de tierras a quienes decidieran establecerse
en el país y explotar sus recursos.
Disuelta la Gran Colombia, a partir de 1832 empezó la República a convertir en
realidad el criterio de colonización mediante dos instrumentos: el arriendo de
tierras y la concesión de privilegios.
El intento por traer inmigrantes a colonizar tierras, utilizando para ello los
baldíos, fue una política propuesta desde las dos primeras décadas del siglo
XIX y perduró hasta comienzos del siglo XX. Esta política, sin embargo, no dio
los resultados esperados, pues eran muchas las dificultades para que los
extranjeros se animaran a venir.
En la independencia, muchos españoles tuvieron que huir y perdieron sus tierras
por expropiación. Los beneficiados de esta situación fueron indudablemente
antiguos terratenientes, militares republicanos, que recibieron tierras en pago
por sus servicios a la causa, y comerciantes, terratenientes y militares que
acapararon tierras a través de bonos de la deuda pública.
En las tres primeras décadas del siglo XX la legislación sobre la propiedad
rural mantuvo una continuidad con las normas expedidas durante el siglo
anterior, presentándose algunas modificaciones que no variaron la esencia de la
política. Con la instauración de la República Liberal en los años treinta se
cerró un ciclo de políticas de asignación de baldíos y el Estado debió
enfrentar los innumerables conflictos que se venían gestando desde el siglo XIX
por una política que favorecía una estructura agraria alrededor del latifundio.
En este periodo se destacan varias normas sobre baldíos y el uso de los bosques
nacionales.
Varias normas de la segunda década del siglo salieron en defensa de los
colonos, ratificando las expedidas a fines del siglo XIX. Ello, sin embargo, no
mejoró la situación de estos cultivadores frente al poder y el abuso de
empresarios y terratenientes; tampoco ayudó a resolver los conflictos
tradicionales sobre el dominio de la propiedad rural.
Las décadas del veinte y treinta del siglo XX fueron quizás las más
convulsionadas en la historia de la primera mitad del siglo, por los diversos
procesos que ocurrieron y los cambios que generaron. En particular, el problema
agrario se tomó la escena política y se visualizó por primera vez como un
problema nacional que merecía la atención del Estado en la medida que
constituía un obstáculo al incipiente proceso de industrialización y de
ampliación del mercado interno.
El proyecto de 1933 presumía que toda la tierra era de dominio público y
buscaba estimular su uso económico, tomando partido por los colonos en contra
de los terratenientes que tenían abandonadas sus propiedades.
Fue claro que el gobierno de la Revolución en marcha de López Pumarejo trató de
solucionar el problema en la Reforma Constitucional de 1936 para poder impulsar
el desarrollo económico y social, pero no tuvo la capacidad de abrir caminos a
la reforma agraria, dado el gran poder de la clase terrateniente en la
estructura del Estado.
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| Presidente López Pumarejo |
Después de la Ley 200 de 1936, las disputas por tierras disminuyeron en
intensidad. La recuperación económica, la intensificación del crecimiento
industrial, la mejora de los salarios, el reconocimiento legal de sindicatos y
ligas campesinas, la recomposición de fuerzas políticas y el progresivo
deterioro del poder del partido liberal por la pausa reformista que impuso el
presidente Santos a partir de 1938 fueron factores que influyeron directa e
indirectamente en esa baja intensidad de las luchas.
De esta manera si analizamos el Acuerdo de la Habana en lo que hace referencia
a la situación Agraria en donde la oposición como siempre en una forma
filibustera, amañadora manifiesta que esta parte es para favorecer a los miembros
de la FARC; carece de toda verdad pues si analizamos y estudiamos la Ley 200
del Presidente Liberal López Pumarejo, vemos que gran parte de lo acordado en
la Isla Caribeña es lo que se establece en la mencionada Ley e inclusive desde
el año pasado el Gobierno Nacional viene implementando unas Reformas
Estructurales en el campo Agrario rectorado por el Ministro Aurelio Irragorri
Valencia.
Siguiendo este planteamiento invito a los jóvenes y a toda la comunidad a que
lean y estudien el libro de Apolinar Díaz Callejas sobre el campo colombiano
que entre otras cosas fue editado por nuestra sesquicentenaria Universidad
Santanderista, me refiero a la Universidad de Cartagena.
En los años cuarenta no solo se apuntaló el proceso de crisis de la República
Liberal, también se abrió paso lo que Antonio García denominó la
Contrarrevolución Conservadora, iniciada por Mariano Ospina Pérez en 1946. En
materia agraria ello significó retroceder en cualquier intento de distribución
de la tierra, manteniendo intacta la estructura social que asociaba el poder
económico, basado en la propiedad sobre la tierra, y el poder político.
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| Mariano Ospina Pérez |
La política agraria durante este periodo se sustentó en tres grandes ejes: una
política de fomento; el desarrollo institucional y los avances y retrocesos en
la legislación agraria. Fueron característicos del periodo: la parcelación de
haciendas, el retroceso de la Ley 200 de 1936, el intento de recuperación del
sistema de arrendamiento y aparcerías (Ley 100 de 1944), la colonización y
titulación de baldíos.
La agudización de los conflictos agrarios y los cambios introducidos a la Ley
200 condujeron al gobierno conservador de la segunda mitad de la década de los
cuarenta a dar un viraje en las políticas agropecuarias, configurando un modelo
de tenencia de la tierra que respondía a las necesidades de mano de obra de los
grandes propietarios en el contexto de una creciente violencia.
El alto grado de concentración de la tierra de los primeros años del periodo de
la violencia se mantuvo similar a la de los años anteriores: cerca del 66% de
los propietarios tenía el 4% de la superficie explotada agrícolamente, mientras
que el 3,5% de los propietarios conservaba el 64% de las superficies mayores de
100 has.
En los años subsiguientes, el Ministerio empezó a sustraer áreas de las
reservas ocupadas por colonos, para evitar conflictos y reconocer derechos
adquiridos, disminuyendo gradualmente las reservas forestales y de parques
naturales. La Ley 2ª de 1959 puede considerarse como la avanzada sobre la legislación
forestal que más adelante administraría el Inderena, fue una buena base para la
expedición del Código de Recursos Naturales en los años setenta.
Continuando con este trabajo de carácter histórico, político y sociológico hay
que destacar que a partir de la segunda década del siglo XX y hasta la fecha,
la situación se acrecentó mucho más porque no habido una política clara sobre
los aspectos sociales y económico del país reafirmandose cada día lo que yo he
venido llamando la clase de esclavitudes modernas, como son la poca oportunidad
a la salud, a la educación, a la vivienda, al techo, a la tierra y en resumen a
una vida digna del verdadero colombiano.
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| Pastrana Arango, Ex presidente de Colombia |
Existieron gobiernos como lo de los señores Pastrana Arango y Uribe Vélez donde
todas las reinvindicaciones sociales, que fue una lucha durante largos años por
el Partido Liberal en el Congreso, se fueron quitando, como las horas extras,
el salario nocturno y no vayamos muy lejos, sectores como el agrario, fueron
totalmente disminuidos y hablar del crecimiento del paramilitarismo, la imagen
internacional de Colombia en Derechos Humanos, convirtiéndose todo ello en una
contradicción al proceso de paz que se gestaba durante el gobierno de Pastrana,
donde adoptó un modelo de negociación en medio de la guerra, pero se avanzo más
en la guerra que en las negociaciones y los resultado de los ajustes hechos en
el gobierno de Uribe que dejaron al país sumidos en la pobreza, el desempleo,
la injusticia social y económica y la falta de derechos a la salud, a la educación
y a la vivienda digna.
*Derrotero de la charla del doctor
Guillermo Ricaurte Fayad en la Escuela de Administracion y Finanzas de la
Universidad de Cartagena. Martes, 13 de septiembre de 2016
Los Cuentos de Juana conforman un libro complejo y difícil de definir. A su manera esta obra–libro almanaque–es varios libros a la vez. En principio se trata de una colección de cuentos que, así como los de Canterbury hallan su unidad en el espacio, aquí la consiguen en torno a Juana, principio constructivo de la obra.
Por otro lado, poblada de artistas y amigos (cuyas vidas el narrador quisiera perpetuar) la fiesta móvil de Barranquilla, ámbito en trance de desaparición por el paso implacable del tiempo, con la tertulia eterna de los amigos–Pina, Yezid, la Negra Eufemia, el negro Perca, Noé, Obregón, Feliza, Julio Roca, Quique Scopell–sus sitios representativos–el Hotel del Prado, el barrio El Boliche, el Estadio Municipal con su campo de juego lleno de parches pelados y de pedazos de grama sucia–. Igualmente la procesión de sucesos dignos de la crónica: la viuda robaperros, la gringa asesina de futbolistas, el rescate y la sepultura marina del ahogado de la laguna, las conversaciones sobre el origen de los huracanes y el final de la Atlántida y el suicidio de una gringa cristiana, entre otros.
