DE UN MAGISTRADO CUESTIONADO
¿HASTA CUÁNDO SEGUIRÁ EL CONGRESO DEL TIMBO AL
TAMBO EN SUS DECISIONES
FUNDAMENTALES?
RAFAEL E.
YEPES BLANQUICETT
El
nuevo magistrado de la Corte Constitucional, Alberto Rojas Ríos, designado
por el Congreso de la República para reemplazar al cartagenero Humberto Sierra
Porto, fue seriamente cuestionado por una ex cliente suya que lo acusa de
habérsele robado, supuestamente, 116 millones de pesos de una demanda
que la aludida le interpuso al municipio de Funza por la muerte de su esposo
ocurrida en un accidente de tránsito en 1991, el cual involucró a una volqueta
del municipio.
Según
la viuda, la demanda pasó por varios juzgados, haciéndole el típico «paseo
jurídico», hasta que por fin expiró, quedándose la señora «con los
crespos hechos». El nuevo magistrado, en un mensaje
enviado a la prensa, se defendió, asegurando que su ex cliente le vendió los
derechos del proceso a otro abogado, lo cual niega rotundamente la viuda, ya
que, según ella, «Es una firma terrible. El CTI de la Fiscalía mandó el
documento a grafología y ellos determinaron que esa no era mi firma».
Gloria
María Borrero, directora de la Corporación Excelencia en la Justicia, afirmó
que Rojas no es una persona «digna» para llegar a la Corte Constitucional y que
este nuevo escándalo se le suma al ya «vergonzoso hecho de evadir impuestos».
Según varios
expertos consultados al respecto, el doctor Rojas Ríos no debe posesionarse
«por dignidad» y hasta tanto se aclare la situación, pues ello significaría un
desprestigio más para el Congreso que se le suma a los otros que se han
propiciado en su seno.
Para el
presidente del Partido Verde, Alfonso Prada, «Todos los escándalos han debido
destaparse antes de la elección, no después de la elección. Lo segundo es que,
a través de los procedimientos legales, el magistrado deberá dar explicaciones
por el bien de la Corte».
Otros
dicen que las cosas empezaron mal desde que las audiencias para elegir al nuevo
magistrado se hicieron de forma privada.
«Todo
proceso de elección de altos dignatarios, sobre todo los dignatarios de la
justicia, deben estar precedidos de procedimientos abiertos y transparentes»,
afirmó el ex presidente de la Corte Constitucional, Jaime Córdoba Triviño.
Y
aunque el nuevo magistrado tiene todo el derecho a defenderse, la decisión está
en manos del Presidente de la República, quien tiene la suficiente competencia
para continuar con el proceso o detenerlo hasta que se aclare este
embrollo (Y quien finalmente lo posesionó).
Este
caso se parece mucho al de la escogencia del nuevo Procurador General, en donde
el Congreso reeligió a Alejandro Ordóñez Maldonado por encima de todos los
cuestionamientos que se le hicieron desde que postuló de nuevo su nombre para
un segundo período.
¿Hasta
cuándo seguirá el Congreso en esas, del timbo al tambo en sus decisiones fundamentales?
Primero
fue el escándalo por la reforma a la Justicia, luego, el del Procurador Ordóñez
y ahora éste.
Como en
una telenovela seriada, estaremos atentos al próximo episodio que está como
para alquilar balcón.
No se
lo pierdan. LC
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