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lunes, 6 de mayo de 2013

COMO PARA ALQUILAR BALCÓN

    DE UN  MAGISTRADO CUESTIONADO
     ¿HASTA CUÁNDO SEGUIRÁ EL CONGRESO DEL TIMBO AL 
TAMBO EN SUS DECISIONES FUNDAMENTALES?
RAFAEL E. YEPES BLANQUICETT
El nuevo magistrado de la Corte Constitucional, Alberto Rojas Ríos, designado por el Congreso de la República para reemplazar al cartagenero Humberto Sierra Porto, fue seriamente cuestionado por una ex cliente suya que lo acusa de habérsele robado, supuestamente, 116 millones de pesos de una demanda que la aludida le interpuso al municipio de Funza por la muerte de su esposo ocurrida en un accidente de tránsito en 1991, el cual involucró a una volqueta del municipio. 

Según la viuda, la demanda pasó por varios juzgados, haciéndole el típico «paseo jurídico», hasta que por fin expiró, quedándose la señora «con los crespos hechos».   El nuevo magistrado, en un mensaje enviado a la prensa, se defendió, asegurando que su ex cliente le vendió los derechos del proceso a otro abogado, lo cual niega rotundamente la viuda, ya que, según ella, «Es una firma terrible. El CTI de la Fiscalía mandó el documento a grafología y ellos determinaron que esa no era mi firma». 
Gloria María Borrero, directora de la Corporación Excelencia en la Justicia, afirmó que Rojas no es una persona «digna» para llegar a la Corte Constitucional y que este nuevo escándalo se le suma al ya «vergonzoso hecho de evadir impuestos».
Según varios expertos consultados al respecto, el doctor Rojas Ríos no debe posesionarse «por dignidad» y hasta tanto se aclare la situación, pues ello significaría un desprestigio más para el Congreso que se le suma a los otros que se han propiciado en su seno. 
Para el presidente del Partido Verde, Alfonso Prada, «Todos los escándalos han debido destaparse antes de la elección, no después de la elección. Lo segundo es que, a través de los procedimientos legales, el magistrado deberá dar explicaciones por el bien de la Corte».
Otros dicen que las cosas empezaron mal desde que las audiencias para elegir al nuevo magistrado se hicieron de forma privada.
«Todo proceso de elección de altos dignatarios, sobre todo los dignatarios de la justicia, deben estar precedidos de procedimientos abiertos y transparentes», afirmó el ex presidente de la Corte Constitucional, Jaime Córdoba Triviño.
Y aunque el nuevo magistrado tiene todo el derecho a defenderse, la decisión está en manos del Presidente de la República, quien tiene la suficiente competencia para continuar con el proceso o detenerlo hasta que se aclare este embrollo (Y quien finalmente lo posesionó).
Este caso se parece mucho al de la escogencia del nuevo Procurador General, en donde el Congreso reeligió a Alejandro Ordóñez Maldonado por encima de todos los cuestionamientos que se le hicieron desde que postuló de nuevo su nombre para un segundo período.
¿Hasta cuándo seguirá el Congreso en esas, del timbo al tambo en sus decisiones fundamentales?
Primero fue el escándalo por la reforma a la Justicia, luego, el del Procurador Ordóñez y ahora éste.
Como en una telenovela seriada, estaremos atentos al próximo episodio que está como para alquilar balcón.
No se lo pierdan LC




     

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