La Calvaria Literatura

BUZÓN POLÍTICO

EL CASO PETRO

RAFAEL E. YEPES BLANQUICETT

PROFESOR Y ESCRITOR

Algunos ilusos estaban convencidos de que el presidente Juan Manuel Santos acataría el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las medidas cautelares en favor del hoy destituido Alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro Urrego, manteniéndolo en su cargo hasta que se diera el referendo revocatorio que decidiría su permanencia o no al frente de los destinos de la ciudad capital.

Era de esperarse pues que Santos se congraciara con los poderosos negociantes de los desperdicios capitalinos afectados por el cambio de modelo en la recolección de las basuras impulsado por Petro —y no con el pueblo bogotano— a quienes, de un momento a otro, se les salió de las manos el apetitoso y jugoso negocio, en especial, a los «príncipes herederos» del «Señor del Ubérrimo», «dueños» del no más apetitoso negocio del reciclaje de las basuras.

En consecuencia, la decisión del Presidente-candidato fue ante todo política y no en derecho, ya que, de haber sido jurídica, lo habría acatado como lo establece el artículo 93 de la Constitución Política, el cual señala que los tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos ratificados por el Congreso «prevalecen en el orden interno de nuestro país», integrándose, de este modo, a la Constitución Nacional en virtud del Bloque de Constitucionalidad, y que los derechos y deberes consagrados en la Carta Magna «se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia».