ACUERDO DE PAZ DE LA HABANA
A REFRENDARSE CON PLEBISCITO, REFERENDO O ASAMBLEA
Por Rafael E Yepes Blanquicett
Cuando se habla de políticas públicas, aun cuando hay numerosas definiciones, se hace referencia, sobre todo, a los planes, proyectos y programas diseñados por el Gobierno, a través de la administración pública, con el fin de satisfacer las necesidades del país o de la sociedad, sean estas del orden nacional, regional, departamental o local.
Pero para que una política pública sea efectiva, se requiere que se convierta en una Política Pública de Estado por medio de un decreto presidencial con fuerza de ley, o de una ley del Congreso de la República que garantice su continuidad, independientemente del gobierno de turno, y no como sucede hoy en día, cuando cada gobierno elabora sus propias políticas públicas sin interesarse por su prolongación al haber cambio de mandatario.
En materias de educación, salud, seguridad, movilidad, empleo y vivienda, es donde se requiere con urgencia que el Gobierno Nacional implemente políticas públicas de Estado para que las soluciones allí planteadas puedan ser llevadas a cabo por los gobiernos subsiguientes sin importar si siguen o no sus mismos lineamientos políticos. También hay otros temas muy delicados, de interés general, como el aborto, la legalización de las drogas, la muerte digna y los derechos de la comunidad igualitaria que, si bien afectan a solo una parte de la población, inciden en mayor o menor grado en el resto de la sociedad, por lo que es preciso que se eleven a la condición de políticas públicas de Estado.
Por ello, es imprescindible que los Acuerdos de Paz de La Habana entre el Gobierno Nacional y las Farc, que son una política pública del gobierno de Santos, sean refrendados por un plebiscito, un referendo o una asamblea constituyente, y, luego, aprobados por una ley del Congreso que los convierta en una Política Pública de Estado para que finalice la guerra que se vive desde hace más de cincuenta años y se garantice su continuidad durante la normalización del país en el posconflicto, evitando que suceda lo mismo que ocurrió con la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia durante las dos administraciones de Álvaro Uribe Vélez, cuyos integrantes, en su mayoría, volvieron a delinquir a través de las «Bacrims» y de otros grupos delincuenciales, o se vincularon de nuevo al paramilitarismo renaciente, como producto del incumplimiento de los acuerdos pactados entre las AUC y el gobierno de Uribe Vélez en sus dos períodos.
Rafael E Yepes Blanquicett
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